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DESDE LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CANADÁ: El Utilizo Por Parte De RCMP De La Tecnología De Reconocimiento Facial De Clearview Al Ha Violado La Ley De Privacidad, Concluye La Investigación

DESDE LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CANADÁ: el utilizo por parte de RCMP de la tecnología de reconocimiento facial de Clearview Al ha violado la Ley de Privacidad, concluye la investigación

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La Autoridades Canadienses de protección de privacidad dejan un proyecto de consulta con las partes interesadas en el intento de establecer reglas más claras, potencialmente nuevas leyes

El utilizo por parte de RCMP de la tecnología de reconocimiento facial (FTRT) para conducir cientos de búsquedas de un data base creado ilegalmente desde una empresa comercial es una violación de la Ley de Privacidad.

En una relación especial al Parlamento, la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá (OPC) ha compartido sus conclusiones sobre el utilizo por parte de RCMP de Clearview Al, una sociedad tecnología que era a su vez objeto de una previa investigación del OPC. El OPC junto a sus homólogos provinciales y territoriales ha anuncaido el comienzo de una consulta publica para contribuir a establecer reglas más claras y evaluar si las nuevas leyes sean auspíciales.

Clearview Al ha sido fue encontrado a violar la ley de privacidad del sector privado federal de Canadá con la creación de un banco de datos de más de tres mil millones de imágenes desde sitios sin el consentimiento de los usuarios. Los usuarios de Clearview Al, como RCMP, podrían confrontar las fotos de las personas con las del banco de datos.

El utilizo de FRT por parte de RCMP para la búsqueda mediante grandes depósitos de canadienses que son inocentes de cualquiera sospecho de crimen presenta una seria violación de privacidad. Un ente gobernativo no puede recoger informaciones personales desde un agente de terceras partes si este agente ha recogido informaciones ilegalmente.

El RCMP no utiliza más Clearview Al en cuanto la empresa ha terminado de proporcionar los propios servicios en Canadá en el verano pasado después de la investigación de la Autoridad que es en curso también ahora. Todavía, el OPC sigue temiendo que el RCMP no sea de acuerdo con la conclusión de haber violado la ley de privacidad.

Mientras OPC apoya que la carga era sobre RCMP para garantizar que el banco de datos que estaba utilizando fuera rellenada legalmente, RCMP argumentó que esto crearía una obligación irrazonable y que la ley no impone expresamente la obligación de confirmar la base jurídica para la recogida de informaciones personales por parte de sus partenariados del sector privado.

Esto es solo otro ejemplo de como los partenariados público-privados y las relaciones contractuales que afectan las tecnologías digitales están creado nuevas complexidades y riesgos de privacidad.

Las actividades de las instituciones federales tienen que ser limitadas a las que son parte de su autoridad legal y respectar su estado de derecho general. Apoyamos el parlamento a modificar la ley de privacidad para aclarar que las instituciones federales tienen la obligación de garantizar que los agentes de terceras partes que recogen informaciones personales han actuado legalmente.

Al final, RCMP ha aceptado de implementar las recomendaciones del OPC para mejorar sus políticas, sus sistemas y su formación. Esto incluiría conducir evaluaciones completas sobre la privacidad de las practicas de recogida de datos de terceras partes para garantizar que los datos personales sean recogidos y utilizados en conformidad a la normativa canadiense de privacidad.

El RCMP esta creando una nueva función de vigilancia para garantizar que las nuevas tecnologías sean respectadas de manera de respectar los principios de privacidad de las personas.

Los datos afectados en la FRT hablan del núcleo mismo de la identidad global y, a medida que el uso comercial y gobernativo de la tecnología se expande, plantean importantes preguntas sobre el tipo de sociedad en la cual queremos vivir.

Proyecto de orientaciones para las agencias de policía y consulta

En el intento de proporcionar una aclaración a las agencias de policía que están intentando de buscar FRT para resolver el crimen o buscar personas desaparecidas, el OPC, junto a sus contrapartes privacidad provinciales y territoriales, han emitido un proyecto de orientaciones para asistir la policía en garantizar que cualquiera utilizo de la FRT sea conforme a la ley, reduca al mínimo los riesgos de privacidad y respeta los derechos a la privacidad.

El proyecto de orientación subraya que las agencias de policía tienen que tener autoridad legitima por el uso propuesto de la tecnología y la importancia de aplicar normas de protección de privacidad que sean proporcionadas a los potenciales daños afectados.

FTR es un instrumento potente que tiene el potencial para ofrecer grandes beneficios a la sociedad, pero puede ser también una tecnología de vigilancia altamente invasiva, plena de riesgos.

Puede proporcionar resultados racistas, erosionar la privacidad y minar otros derechos como la libertad de reunión pacífica. La FRT tiene que ser utilizada de manera responsable y muy atenta.

Las autoridades de reglamentación se consultarán sobre las directivas con las fuerzas de policía y otros sujetos interesados en las semanas y los meses futuros. Será muy importante tener un debate publico sobre como utilizar esta tecnología.

El proceso de establecimiento de límites adecuados para el uso de FRT sigue siendo incompleto. A diferencia de otras formas de biometría recogidas por las fuerzas del orden, el reconocimiento facial no está sujeto a un conjunto claro y exhaustivo de normas. Su uso está regulado por un mosaico de estatutos y jurisprudencia que, en su mayor parte, no abordan específicamente los riesgos que plantea la tecnología. Esto crea espacio para la incertidumbre sobre qué usos del reconocimiento facial pueden ser aceptables, y bajo qué circunstancias.

La cuestión de dónde comienza y termina el uso aceptable de FRT es, en parte, una cuestión de las expectativas que ahora nos fijamos para la futura protección de la privacidad frente a las capacidades tecnológicas cada vez mayores para entrometerse en las expectativas razonables de privacidad de los canadienses.

La naturaleza de los riesgos que plantea la FRT exige una reflexión colectiva sobre los límites del uso aceptable de la tecnología.

Si bien el presente informe se centra en la aplicación de las leyes de privacidad y las mejores prácticas para el uso de la FRT por parte de la policía, el despliegue de la orden general de la FRT merece un examen más detenido en cuanto a si nuestras leyes protegen adecuadamente a los canadienses de posibles usos indebidos de la tecnología.

FUENTE: AUTORITA’ PER LA PROTEZIONE DEI DATI DEL CANADA

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